GRAINGER COUNTY, Tenn. — Casi cinco años luego de una redada del Departamento de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en una planta de procesamiento de carne en Bean Station, casi 100 personas afectadas recibirán parte de un acuerdo de más de $1 millón de una demanda que alega que hubo detenciones irrazonables, arrestos y uso de fuerza por agentes federales.
El 5 de abril de 2018, agentes federales de inmigración detuvieron alrededor de 100 personas en la planta de empaque de carnes en el condado de Grainger. Desde entonces, algunas de esas personas han abandonado los Estados Unidos y otros fueron deportados.
El lunes, el juez Travis McDonough dio una aprobación final al acuerdo de más de $1 millón, al cual ya le había dado aprobación preliminar el pasado 9 de septiembre.
El gobierno de los Estados Unidos accedió a pagar $475,000 en total a seis demandantes en el caso. Dos de los demandantes recibirán cerca de $37,000 por reclamos individuales.
El acuerdo proveyó $150,000 para pagar cargos de abogados y costos que se dividirán entre el Southern Poverty Law Center y el National Immigration Law Center. El gobierno también accedió diferir la acción de cumplimiento de ICE mientras estas personas solicitan permisos para trabajar legalmente en los Estados Unidos.
Otros $550,000 del acuerdo irán al fondo de liquidación, donde cualquiera de las 95 personas afectadas por la redada podrían recibir entre $5,000 y $6,000. Como parte del acuerdo, los miembros de ese fondo también pueden pedir una carta a ICE confirmando su membresía en el grupo, la cual pueden incluir en sus solicitudes para alivio de inmigración.
“Hoy se hizo justicia para los trabajores Latinx y su comunidad, la cual tomó postura en contra de agentes federales que los atacaron por su etnicidad,” dijo Meredith Stewart, abogada de supervision con el Proyecto de Justicia para Inmigrantes del Southern Poverty Law Center. “El acuerdo sin precedentes aprobado por la corte demuestra que nosotros, como nación, no toleraremos ataques raciales. Este tipo de trabajo por las autoridades no tan solo va en contra de nuestros derechos, pero de nuestros valores también. Estaremos pendientes para ver a los trabajadores recibiendo el alivio que este acuerdo provee.”
